La cooperación internacional con la municipalidad de Pinto Argentina que emprendió el ex alcalde Antonio Fernández durante sus últimos años de mandato ha estado regida por la polémica desde el principio. Las sospechas sobre la utilización torticera de los fondos de cooperación enviados por el municipio pinteño a su homónimo argentino han ido concretándose poco a poco. Entre otras irregularidades, las viviendas construidas con fondos de cooperación para “los más necesitados” del municipio argentino, fueron finalmente entregadas a los menos necesitados de ese municipio. Además, quien adjudicó las viviendas fue la Fundación Pinares, de la que Antonio Fernández es presidente, y no el Ayuntamiento de Pinto.

El caso fue llevado a los tribunales por el abogado pinteño Luis Miguel Martín Batres, y el Juzgado nº 6 de Parla admitió a trámite la querella el pasado 15 de abril. El PP se ha personado como acusación particular en esta causa, al tiempo que ha pedido, como se ha indicado, un pleno extraordinario para debatir este asunto y una Comisión de Investigación. Antonio Fernández, el principal implicado en este proceso, quiere dar la cara, por lo que se ofrece a "responder a las preguntas que quieran hacerme" los representantes políticos de Pinto, “sin ninguna reserva y con la intención de aportar de primera mano mi conocimiento de estos hechos sin tapujos y con claridad”.