El Polígono Industrial Cobo Calleja

Este polígono, que lleva el nombre de su promotor, se construyó en su mayor parte en los años setenta al margen de las normas y controles urbanísticos, lo que supuso un gran beneficio para el Sr. Cobo Calleja.

Tiene una superficie de 162 hectáreas (1.600.000 m2) que pertenecían a los municipios de Fuenlabrada (un 84%) y Pinto (un 16%), pero desde la sentencia de Tribunal Supremo de este año, el polígono ahora pertenece íntegramente a Fuenlabrada.

Cuenta con unas 800 empresas, de ellas unas 100 ubicadas en lo que era territorio pinteño, por lo que está considerado como el polígono con más concentración de empresas de toda la Comunidad de Madrid.

Por las irregularidades urbanísticas y la falta de controles, este polígono ha sido siempre un desastre. Ya en 1993 publicábamos en ZIGZAG las denuncias de Víctor Pérez, portavoz de la “Asociación de Interesados” del polígono, que aglutinaba a la mayoría de los empresarios del Cobo Calleja: «Este es el polígono industrial más sucio y desastroso de España», decía Pérez, y añadía que incluso «la vigilancia y la recogida de basuras la pagamos nosotros», por eso, decía, «pagamos impuestos a Fuenlabrada y a Pinto a cambio de nada». Pérez culpaba a los mandatarios de ambos municipios, José Quintana (Fuenlabrada, PSOE) y Carlos Penit (Pinto, IU) «ya que siguen permitiendo al promotor Cobo Calleja construir naves sin dotar los alrededores de infraestructuras adecuadas» (ZIGZAG nº 25, abril 1993).

Hoy en día, algunas infraestructuras se han mejorado, aunque sigue siendo un polígono cutre, reconvertido en un “Imperio de los piratas”, como lo ha denominado la prensa nacional (reportaje en “El País”,  4 de julio de 2004 ) o “El mayor ‘mercachina’ de la UE” (reportaje en “El Mundo”, 3 diciembre 2006), pues hay más de 275 empresas chinas de distribución comercial, que se agolpan desordenadamente en el mayor recinto comercial asiático de Europa.

Penit y Cobo Calleja

Pero los negocios ilegales del promotor Cobo Calleja no los hizo sólo durante el franquismo. Una de las ilegalidades que supusieron un gran beneficio para el promotor fue la construcción de naves industriales en terreno rústico a finales de los años ochenta, en la parte perteneciente a Pinto, permitidas por el gobierno local, dirigido entonces por Carlos Penit (IU).

Era tal el tufo de corrupción que emanaba de las actuaciones de Cobo Calleja permitidas por el Ayuntamiento de Pinto, que varios militantes honrados de IU (que gobernaba en Pinto) denunciaron en el partido las ilegalidades del alcalde Carlos Penit y del concejal de urbanismo Juan Antonio González Ontaneda. Sin embargo, como suele suceder en los partidos que están en el poder, recibieron el rechazo total de los suyos, hasta el punto de que fueron expulsados del partido y calumniados.

Así las cosas, no les quedó otro remedio que acudir a los tribunales, quienes condenaron al alcalde Penit, al concejal de urbanismo Ontaneda y al secretario del Ayuntamiento de Pinto, Salvador Rocha, por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) a una pena de seis años y un día de inhabilitación para todo cargo público. El cohecho (recibir prebendas a cambio de la resolución injusta), no se pudo acreditar en el juicio, pero si un dirigente da ventajas económicas a un promotor, es difícil pensar que sea gratis. Sin embargo, antes de  cumplir un año y medio de condena, Penit fue indultado por el último Gobierno socialista de Felipe González.

Inicio de la segregación

Siendo el polígono Cobo Calleja un nido de problemas legales para Penit, éste decide regalárselo a Fuenlabrada.  En abril de 1993 los alcaldes de Pinto (Penit, IU) y de Fuenlabrada (José Quintana, PSOE) envían una carta firmada por ambos al presidente del gobierno regional Joaquín Leguina (PSOE) en la que le solicitan que la Comunidad de Madrid inicie la segregación de terrenos de Pinto en el polígono Cobo Calleja a favor de Fuenlabrada.

El 2 de julio de ese año, la Comunidad informa a los dos ayuntamientos que el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar de oficio el expediente de alteración de los términos municipales de Pinto y Fuenlabrada.

Fuenlabrada celebra un pleno en el que aprueba por unanimidad la resolución del Gobierno regional, como no podía ser de otra manera, pues es el Ayuntamiento beneficiado. Mientras que el 6 de agosto se da cuenta de esta resolución en el Pleno municipal de Pinto, a la que se oponen PSOE (4 concejales) y Plataforma (3 concejales), se abstiene el PP (2 concejales) y se muestra favorable, puesto que el propio alcalde la había instado, IU (10 concejales + 2 tránsfugas).

La alteración de los términos municipales viene recogida en el Reglamento de Población y Demarcación de Entidades Locales y, efectivamente, uno de los dos procedimientos regulados es que lo haga de oficio el Gobierno regional. El otro procedimiento es que los plenos de los municipios afectados aprueben la alteración de sus términos municipales por mayoría de dos tercios. Pero, claro, esta opción no le interesaba a Penit, que aunque tenía de su parte al PP de Javier Valdés (¡qué negra historia la de ese PP!) no se fiaba del todo en contar con su apoyo.

Y así, al margen del órgano más representativo del municipio, comenzó la tramitación de un expolio. No hubo ninguna contraprestación conocida a cambio, algo inaudito, por no decir demencial.

Aprobación por el Gobierno regional de la alteración de límites solicitada por Penit

El 16 de marzo de 1995 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Joaquín Leguina (PSOE), aprueba la alteración de los términos municipales de Pinto y Fuenlabrada, por lo que unos 250.000 m2 de Pinto pasan a depender de ese municipio sin que a cambio Pinto reciba ninguna compensación territorial, dotacional o económica.

Leguina declara: «Esta segregación me parece lo más normal del mundo». Mientras que el alcalde de Fuenlabrada, José Quintana, dice: «Nos parece razonable que nuestro Ayuntamiento se quede con esos terrenos. Quizás el Ayuntamiento de Pinto ha evaluado que no le compensa hacer los gastos que supone la rehabilitación del polígono» (ZIGZAG nº 39, julio 1994).

El argumento de Quintana es tan impreciso como falso, porque la remodelación del polígono se presupuestó entonces en 7,2 millones de euros, de los que la Comunidad pagaba el 30%, el promotor un 25% y los empresarios un 15%. A los Ayuntamiento, pues, les correspondía conjuntamente un 30%, es decir 2,2 millones de euros, y como Pinto tenía un 16% de terreno, su parte se reducía a 350.000 euros, es decir, menos de lo que hoy pagan anualmente de impuestos las empresas asentadas en esos terrenos.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Pinto y portavoz de IU, González Ontaneda, manifestó en un pleno: «Este polígono, para su buen funcionamiento, necesita solo una administración» (Zigzag nº 31, noviembre 1993). Esta afirmación, tan falaz y falsa como la de Quintana, fue compartida por el portavoz del PP de Pinto, Javier Valdés.

Sin embargo, lo cierto es que son numerosos los polígonos que pertenecen a dos administraciones locales, y en todo caso, cuando se unifican, siempre hay alguna justa compensación para el municipio que segrega una parte de su territorio, lo que no ha ocurrido en Pinto.

Lo expresó con claridad el alcalde de Fuenlabrada, Quintana, «no hay permuta porque no tenemos terrenos que dar en compensación a Pinto como hicimos con Parla». Se refería el edil a que cuando Parla cedió a Fuenlabrada su parte del polígono Cobo Calleja, recibió a cambio otra parte similar del polígono de La Cantuela. Lo que abunda todavía más en lo extraño del caso pinteño.

Las únicas declaraciones mediáticas de Penit sobre este tema han sido las siguientes: «Ni siquiera sé donde acaba exactamente el término de Pinto y dónde empieza el de Fuelabrada» (ZIGZAG nº 28, septiembre 1993). Es difícil elegir el calificativo que les podemos dar: si cínicas o chulas.

El PSOE: De la denuncia contundente del expolio, a guardar las apariencias

El PSOE pinteño denunciaba entonces con rotundidad, por medio de su portavoz y secretario general Antonio Fernández, que «el Ayuntamiento de Pinto concede a Cobo Calleja licencias de obra para la construcción de naves industriales en terrenos calificados como zona verde». Y en un comunicado, el Comité Local del PSOE de Pinto añadía: «Con el afán de ocultar burradas urbanísticas (ya no se puede sacar más leche de la vaca), el equipo de gobierno municipal [de Izquierda Unida] pretende ceder gratuitamente al municipio de Fuenlabrada la parte del Polígono Cobo Calleja que pertenece al término municipal de Pinto. ¿Es que las naves situadas en los terrenos que se pretenden ceder no pagan impuestos?, ¿o pretende el alcalde [Carlos Penit] que los pinteños soportemos otra subida de impuestos del 33% para compensar el “regalo” a Fuenlabrada de miles de metros cuadrados de naves en suelo de Pinto?» (ZiIGAZG nº 26, mayo 1993).

De la misma manera, el PSOE local se posicionó totalmente en contra de la segregación aprobada por el gobierno regional socialista de Leguina el 16 de marzo de 1995, como ya se ha señalado. Pero dos meses después, el PSOE, con Fernández a la cabeza, accedió a la alcaldía de Pinto, y desde entonces las posiciones ante el expolio Cobo Calleja se fueron moderando hasta llegar a la tibieza.

Cierto que Fernández recurrió la segregación ante los tribunales, como había prometido, pero lo hizo alegando un defecto de forma, algo que él y sus asesores jurídicos sabían que no podía prosperar. Y así la justa reivindicación de devolver a Pinto esos terrenos o exigir las correspondientes contraprestaciones a Fuenlabrada o a la Comunidad por la cesión de 250.000 m2 de territorio pinteño estaba condenada al fracaso.

La querella y los sucesivos recursos ante las distintas instancias, no tuvieron otro efecto que enfriar la indignación que el caso produjo en la ciudadanía y hacer olvidar, aprovechando la tardanza de la Justicia en dictar sus sentencias, el agravio.

Y así hemos llegado al final del proceso, en este 2007, cuando la última instancia, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ha zanjado el asunto a favor de Fuenlabrada.

¿Y ahora qué?  

Pues agotada la vía legal, se cierra este caso. Pero es obligación de los responsables políticos municipales dar una explicación a la ciudadanía, que es la verdadera y única propietaria de estos 250.000 m2 que algunos políticos han regalado a Fuenlabrada. Uno de ellos y principal causante de todo este desfalco, es Carlos Penit, precisamente condenado por beneficiar al  promotor Cobo Calleja al dejarle construir varias naves en terreno rústico. Y a pesar de todo esto, este señor sigue viviendo de la política a cuenta de los pinteños con el beneplácito, primero, del PSOE que le amparó incluso en su gobierno municipal (2003-07) y aprobó darle su nombre a una calle de La Tenería II y, ahora, del nuevo gobierno PP-JpP que le acaba de aprobar un sueldo de 51.340 euros anuales, más 1.939 euros mensuales para su libre disposición, entre otras prebendas.

Por eso, no es de extrañar que ningún grupo político con representación municipal haya querido hacer declaraciones sobre este tema. Las elecciones ya han pasado, pero la nueva legislatura, si sigue así, en el fondo será más de lo mismo, aunque no haya llegado aún (demos los 100 días de cortesía) el tiempo de la crítica.